Por: Oliver Pérez Alcaraz
La justicia para las mujeres en México nunca ha sido una garantía, ha sido una excepción. Por décadas, el sistema judicial ha arrastrado una deuda histórica donde el influyentismo, la falta de perspectiva de género y un garantismo mal entendido han dejado la puerta abierta para que violadores y feminicidas caminen entre nosotros. Sin embargo, hoy esa crisis crónica se agudiza: a la corrupción de siempre se le suma una alarmante inexperiencia institucional que está convirtiendo los tribunales en salas de ensayo con vidas humanas.
No nos engañemos: el problema no es nuevo, pero hoy es más cínico. Cuando un juez decide que un agresor puede seguir su proceso desde casa bajo un “arresto domiciliario” que nadie vigila, está cometiendo un acto de complicidad institucional. No es un simple cambio de medida cautelar; es una transferencia de la pena. El juez libera al verdugo y, en ese mismo acto, encarcela a la víctima en un estado de alerta permanente.
Aquí es donde el sistema vulnera el derecho al buen vivir. No se trata solo de que el agresor no la ataque físicamente de nuevo; se trata del terror psicológico de saberlo cerca. El miedo crónico, el insomnio y la pérdida de la paz son una forma de tortura que el Estado autoriza desde un escritorio. Una mujer que vive vigilando la puerta no es una mujer libre, y un Estado que permite ese miedo es un Estado que ha fallado en su contrato más básico: la protección.
Lo más indignante es el blindaje de cristal que protege a quien imparte justicia. Si la tragedia ocurre y el agresor mata, el juez se lava las manos bajo la “autonomía judicial”. No hay sanción penal, no hay destitución inmediata; lo que hay es una responsabilidad patrimonial del Estado. Es el absurdo absoluto: el juez comete la negligencia, la víctima pone la vida, y el pueblo paga la multa con sus impuestos. El patrimonio y la libertad del juez permanecen intactos, mientras el patrimonio emocional de la víctima queda en ruinas.
Apoyar a las víctimas no puede ser un eslogan de campaña. El apoyo total significa que el funcionario que ignore el riesgo real de un feminicida debe responder con su propio cargo y su propia libertad. La inexperiencia de los nuevos perfiles y la viciada estructura de los antiguos deben chocar contra una pared de rendición de cuentas. Mientras la firma de un juez no tenga consecuencias personales, la vida de las mujeres seguirá siendo el daño colateral de un sistema que prefiere la comodidad del tecnicismo que la valentía de la justicia.
